Seguridad Interior – Parte 1

En este artículo desarrollamos la primera parte de nuestras reflexiones y recomendaciones sobre el abordaje estratégico y táctico del combate al crimen por parte de las “fuerzas del orden”, aprovechando todos los recursos de la sociedad.

Necesidad y dificultad de la colaboración interinstitucional

El documento Sistemas policiales de información e inteligencia emitido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC por su sigla en inglés) define la inteligencia criminal así:

“El concepto de “inteligencia criminal” no es fácil ni de explicar ni de traducir. La traducción directa puede tener connotaciones políticas e históricas negativas en algunas partes del mundo que hacen que la palabra resulte inapropiada en ciertos contextos internacionales. Por consiguiente, muchas veces resulta más fácil hablar de “información” y, en realidad, a menudo los términos “información” e “inteligencia” se usan de manera intercambiable.” (sic)

“Las definiciones de qué se entiende por inteligencia varían. Algunos dicen que inteligencia es la “información preparada para la acción”, en tanto que otros sostienen que es “información evaluada”. Otros afirman que la información se transforma en inteligencia a través de un proceso analítico, en tanto que no falta quien afirme que se trata de “información importante, o de importancia potencial, para una indagación o posible indagación”. Lo que tienen de común estas definiciones es la idea de que la inteligencia constituye un tipo especial de información con valor adicional que puede reconocerse o asignársele mediante cierto tipo de proceso analítico. La “inteligencia criminal” es simplemente cualquier tipo de información con valor adicional que puede ser utilizado por los agentes del orden para combatir la delincuencia.” (sic)

Las “fuerzas del orden” (la Policía al servicio del Ministerio Público y la Justicia) tienen potestades y competencias que les permiten obtener y reunir información e inteligencia para almacenarla y utilizarla en repositorios propios, pero también existen otras fuentes de datos en poder de organismos y empresas públicas y privadas, con valor potencial para los fines de cumplimiento de la ley y de combate al crimen. La colaboración de las “fuerzas del orden” con otros organismos aumenta significativamente la cantidad de fuentes potenciales de información, mejora la calidad de la información disponible, e incluso, en algunos casos la colaboración con otro organismo o empresa es la única manera posible de obtener un dato particular.

Los “agentes del orden”, especialmente los policías, suelen sentirse más cómodos cuando intercambian información a través de redes personales “oficiosas“ que consideran más rápidas y eficientes. Sin embargo, existen riesgos en este método de obtener información sin salvaguardias, sin controles ni procedimientos establecidos, por no mencionar la cuestión de la admisibilidad en juicio de la información así obtenida. Un mecanismo oficial que funcione de manera apropiada y eficaz para el intercambio de información mitiga esos riesgos y elimina el incentivo para que el investigador “llame a un amigo”, permitiendo a los agentes actuar con confianza sobre la base de la información recibida mediante canales orgánicos.

Sin embargo, no siempre es fácil establecer asociaciones para el intercambio de información con otros organismos, sea en el propio país o en el extranjero. A veces esto se debe a trabas jurídicas que restringen el intercambio de datos (especialmente datos personales), a cuestiones mal entendidas de celo sobre la autonomía de las unidades u organismos y/o a razones de seguridad o confidencialidad. También suele ocurrir que, dado que los asociados potenciales persiguen objetivos distintos o actúan en áreas de actividad diferentes, no se entiende claramente la necesidad y ventajas de intercambiar información con y entre las “fuerzas del orden”.

El caso de Uruguay

En Uruguay existen numerosas instituciones públicas que gestionan información de diversa naturaleza caracterizada por su relevancia para prevenir, detectar, evitar y reprimir fraudes y crímenes. Tales instituciones actúan en el área de seguridad, con el Ministerio del Interior a la cabeza, y varias unidades que dependen del Ministro del Interior: la Dirección de Asuntos Internos, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), la Dirección Nacional de Migración, la Dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (CAVID), la Unidad de Prevención del Abuso a los Adultos Mayores y el Gabinete de Seguridad.

También en la órbita del Ministerio del Interior se encuentra la Dirección Nacional de Policía y numerosas unidades bajo su comando con responsabilidades de inteligencia e investigación, como las Jefaturas Departamentales de Policía, la Dirección Nacional de Policía Caminera (DNPCa), la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), la Dirección Nacional de Policía Científica (DNPCi), la Dirección Nacional Guardia Republicana (DNGR), la Dirección Nacional de Seguridad Rural (DNSR), la Dirección General del Centro de Comando Unificado (DGCCU), la Dirección Nacional de Fiscalización de Empresas (DIGEFE), la Dirección de Investigación de la Policía Nacional (DIPN), y el Departamento de Seguridad, por seguir citando solamente las principales unidades en las que se deposita, custodia y utiliza información relevante para el combate al crimen.

Asimismo, la Dirección de Investigación de la Policía Nacional cuenta con varias unidades, que también cumplen funciones de inteligencia, análisis e investigación, como la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol (DGLCCOI), la Dirección General de Represión y Tráfico de Drogas (DGRTD), la Dirección General de Inteligencia e Información Policial (DGIIP), la Dirección General de Apoyo Tecnológico, la Dirección General de Hechos Complejos, la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP), la Unidad de Cibercrimen (UC) y la Unidad de Vigilancia de Puertos y Aeropuertos.

Como se ve, son numerosas las unidades dentro de un único Ministerio, que deben captar, organizar, almacenar y recuperar información útil para actividades de prevención, detección y represión del crimen. Pero existen muchas otras organizaciones del Estado e incluso de la actividad privada que por la naturaleza de sus actividades también podrían aportar información pertinente y oportuna para el combate a la delincuencia, como la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial en primer lugar, pero también la Dirección General Impositiva (DGI), la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), el Banco de Previsión Social (BPS), el Banco Central del Uruguay (BCU), el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y el Banco de Seguros del Estado (BSE), por citar las principales.

Podemos asumir que el Ministerio del Interior, incluyendo todas sus unidades especializadas, no puede contar con toda la información o inteligencia existente sobre un tema dado. El material recogido y almacenado por dichas unidades puede no estar conectado entre sí (“silos” de información) y esta falta de integración y coordinación perjudica severamente los resultados del trabajo policial. Sin embargo, los analistas e investigadores pueden mejorar la situación tratando de obtener todos los datos disponibles sobre un determinado tema recurriendo a la información en poder de terceros, sean éstos otras unidades del Ministerio del Interior, otros organismos públicos o empresas privadas. El intercambio de información es un concepto recíproco basado en las ventajas mutuas, en el que la información debe circular en ambos sentidos, agregando valor a los procesos de todas las partes involucradas.

La creación de un marco jurídico y de los procesos derivados de su reglamentación e instrumentación orientados a fomentar obligatoriamente la colaboración para compartir información e inteligencia entre todas las instituciones públicas tendría por objetivo abrir canales de comunicación entre ellas, coordinando la información que manejan para tener un panorama amplio, claro, interconectado y seguro que permita a las “fuerzas del orden” detectar, interceptar y coartar las actividades ilegales.

Para ello, resultaría extremadamente útil la adopción de estándares en materia de formato de los intercambios, e inclusive, de ser posible, de las herramientas de análisis, inteligencia e investigación. Efectivamente, en los últimos años se ha ido refinando progresivamente el uso de la información y la inteligencia policiales. Los sistemas de información policial, que antes se basaban en el cotejo de fichas a cargo de un archivero, han evolucionado con la tecnología de la información hasta convertirse en departamentos que utilizan programas informáticos especiales que potencian las competencias de profesionales especializados del combate al crimen: analistas e investigadores. Se han desarrollado técnicas y metodologías de inteligencia para detectar amenazas delictivas, trazar perfiles de delitos o delincuentes e identificar conexiones no evidentes en conjuntos enormes de datos (Big Data). Desde el punto de vista estratégico y táctico, actualmente es posible disponer de inteligencia que permita a la policía adoptar decisiones más precisas y fáciles de justificar, aprovechando de la mejor manera todas las informaciones disponibles sobre cada caso.

En nuestra siguiente entrega (la semana próxima) analizaremos algunos ejemplos paradigmáticos de organizaciones de diferentes países, elucidando las formas en que resolvieron la necesidad y conveniencia de estandarizar formatos y herramientas para integrar diversas fuentes de “inteligencia criminal”.

José C. Nordmann

Miembro del Consejo Mundial para un Planeta Más Seguro

Miembro de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

Miembro del Consejo Consultivo Mundial de i2 Group

Chief Compliance Officer (Quanam)

SME en Transformación Digital

Miembro de AUC (Asociación Uruguaya de Compliance)

Miembro Asociado de WCA (World Compliance Association)

Miembro de CUGO (Círculo Uruguayo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones)

https://www.linkedin.com/pulse/seguridad-interior-parte-1-jos%25C3%25A9-c-nordmann-fbwhf

Briefing

La “inteligencia criminal” ha evolucionado vertiginosamente impulsada por los avances tecnológicos, proporcionando a agentes, analistas e investigadores de las fuerzas de cumplimiento de la ley poderosas herramientas para prevenir, detectar, interceptar y reprimir las actividades ilícitas. Sin embargo, el insumo básico para estos sistemas son los datos, cada vez más numerosos y complejos, originarios de las más variadas fuentes legales e ilegales, en formatos estructurado y no estructurado. Las fuerzas de seguridad, organizadas en una gran cantidad de unidades especializadas tienen serias dificultades para captar esos datos en forma oportuna, y por increíble que parezca, una de las mayores dificultades consiste en la inexistencia de estándares de formato y manipulación de datos de inteligencia e investigación, y la falta de normas sobre la cooperación interinstitucional para el intercambio de información.

En esta serie de breves notas analizaremos sucesivamente estas dificultades, identificando oportunidades para la racionalización, mostrando algunos ejemplos de cómo algunas organizaciones en diferentes países han resuelto adecuadamente estas necesidades y oportunidades de integración, estandarización y colaboración, para finalmente revisar el amplio abanico de casos de uso de inteligencia e investigación del que podrían beneficiarse todas las instituciones del Estado, no solamente las fuerzas de la Policía, el Ministerio Público y del Poder Judicial

Les deseo una buena lectura de esta primera parte y espero reencontrarlos en las próximas semanas con las siguientes entregas.