Golpe de timón en la prevención del lavado de activos

La lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico tiene en el combate al Lavado de Activos uno de sus más eficaces recursos. Detectar y evitar el blanqueo de activos permite destruir las bases de sustentación del crimen organizado y el narcotráfico. Para ello es fundamental mejorar y fortalecer los mecanismos de coordinación, articulación y colaboración entre un amplio abanico de organizaciones públicas, cada una de las cuales gestiona en sus operaciones del día a día procesos e informaciones en los cuales pueden prevenirse y detectarse situaciones sospechosas de constituir delitos precedentes y de blanqueo de activos. Sin embargo, esta coordinación por sí sola sirve esencialmente para mejorar las perspectivas estratégica y organizativa del combate al crimen, siendo necesario además dotar a las description.

José Nordmann

12/11/20259 min read

El pasado jueves 29/05/2025 el diario uruguayo “la diaria” publicó una entrevista a la Cra. Sandra Libonatti, Secretaria de la SENACLAFT (Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) de Uruguay, titulada “Gobierno apunta a que Uruguay sea un referente regional en la lucha contra el lavado de activos” en la que la Secretaria de SENACLAFT explica los aspectos divulgables de la estrategia del Gobierno Uruguayo en materia de PLAFT (Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo):

El lavado de activos no sólo afecta la seguridad de un país, sino que distorsiona la economía y afecta la competencia, la política monetaria y la imagen internacional”, dijo a la diaria Sandra Libonatti.

Estancamiento en la prevención del lavado

Tras referirse a un período de estancamiento en la prevención del lavado durante el gobierno anterior, Libonatti expresó:

En mi opinión, uno de los efectos más preocupantes es la pérdida de control sobre los instrumentos de política económica. Cuando ingresan fondos de origen ilícito se altera el funcionamiento del mercado [...] Si aparece un actor dispuesto a sacrificar parte de sus ingresos porque no depende exclusivamente de ellos –como ocurre en actividades que lavan dinero–, se genera una competencia desleal que afecta a todos los sectores” (la negrita es nuestra).

Además del mal funcionamiento del sistema en su conjunto, creo que hubo una falta de señales claras. Es un fenómeno multifactorial: no sólo fueron las modificaciones legales, sino también lo que no se hizo; la falta de coordinación, de investigaciones efectivas, de recursos, etcétera. Todo eso también influye en el desempeño del sistema. Para que un sistema funcione no basta con tener reglas: hay que contar con las capacidades institucionales para hacerlas cumplir de manera efectiva”.

La referida falta de coordinación hace referencia al hecho de que son numerosas las instituciones del Estado que podrían colaborar mejor en el combate al lavado de activos. Por ejemplo, el Banco Central del Uruguay (BCU) a través de su Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) podría aportar información valiosísima para seguir el rastro del dinero del crimen organizado, a partir, por ejemplo, de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos de todos los sujetos obligados, especialmente del sector financiero. El Ministerio del Interior y las diferentes unidades especializadas de Policía que de él dependen y la Fiscalía General de la Nación (FGN) y las Fiscalías Especializadas podrían compartir entre sí y con el BCU y SENACLAFT información relevante para las actividades de PLAFT. Otro tanto puede decirse de dos dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) que pueden aportar información cruzada sobre aspectos fiscales y vinculados al contrabando que podrían presentar vínculos ocultos con otros datos disponibles en las demás instituciones públicas.

La referencia a la falta de investigaciones efectivas y de recursos podrá subsanarse mediante algunas de las acciones previstas en el artículo 2 del Decreto N° 95/025 del 28/04/2025 que creó el del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (SILCON), como las siguientes:

B) Instrumentar mecanismos de intercambio de información que permitan agilizar, hacer eficaz y eficiente la coordinación y articulación de las políticas públicas que diseñan y ejecutan, en los ámbitos de sus respectivas competencias, los distintos organismos públicos que conforman el Sistema.

C) Instrumentar herramientas tecnológicas que fortalezcan el intercambio de información, así como la creación de sistemas de alerta temprana ante amenazas al Sistema, así como las reacción y respuesta frente a las mismas.

No alcanza con que el Decreto del Poder Ejecutivo encomiende “coordinar y articular la cooperación interinstitucional entre los organismos públicos que conforman el Sistema” (la negrita es nuestra), sino que también es necesario dotar a dichos organismos públicos con mecanismos de intercambio de información, o repositorios de datos accesibles entre todos los integrantes del Sistema con los correspondientes controles de seguridad, y herramientas tecnológicas iguales o compatibles entre sí para fortalecer el intercambio de información, por ejemplo mediante el mismo formato de almacenamiento, y que permitan que todos los organismos del Sistema “entiendan” los diagramas de análisis elaborados por los otros organismos en sus procesos de inteligencia e investigación: integrar datos y permitir la colaboración de los procesos.

Mejores reglas, pero también mejores recursos

Volviendo al tema de los recursos citado por la Cra. Libonatti, creemos que es necesario ser muy asertivos y directos: consideramos imprescindible dotar a todos los organismos integrantes del SILCON de mecanismos y herramientas tecnológicas concretas que les permitan compartir datos y colaborar en procesos de análisis para tareas de inteligencia e investigación.

La Cra. Libonatti lo expresó con claridad meridiana: “Para que un sistema funcione no basta con tener reglas: hay que contar con las capacidades institucionales para hacerlas cumplir de manera efectiva”.

La creación del SILCON es un paso importante que permitirá fortalecer las capacidades de coordinación y articulación entre distintos organismos públicos a efectos de optimizar, desde una perspectiva estratégica, organizativa y operativa, la eficacia de las políticas públicas de combate al crimen organizado y al narcotráfico diseñadas y ejecutadas por los organismos responsables de llevarlas a cabo, al tiempo que contribuirá a mejorar y agilizar la respuesta integral del Estado frente a las amenazas que representan para la seguridad pública las organizaciones y grupos criminales. Esas son las reglas, nuevas reglas más efectivas para dar mejor cumplimiento a la recomendación 2 del GAFI:

“Los países deben asegurar que, las autoridades que hacen las políticas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las autoridades del orden público, los supervisores y otras autoridades competentes relevantes, tanto a nivel de formulación de políticas como operativo, cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.” (los énfasis con negrita son nuestros).

Reiteramos: la creación del SILCON es un importante esfuerzo del Estado que mejorará sustancialmente la cooperación y la coordinación, especialmente a nivel de políticas. Esto era necesario, pero no es suficiente.

También es necesario dotar a los organismos pertinentes con las capacidades institucionales citadas por la Cra. Libonatti, para que puedan hacer cumplir las reglas “de manera efectiva”, es decir, para ejecutar con efectividad las “actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo” citadas en la Recomendación 2 del GAFI.

Competerá a las autoridades de esas organizaciones adoptar estándares, herramientas y plataformas imprescindibles para que dicha colaboración sea eficiente y eficaz.

En mi trayectoria profesional tuve la oportunidad de asesorar y proveer soluciones de combate al crimen organizado a instituciones públicas de Brasil, incluyendo el Departamento de Policía Federal, varias Secretarías Estaduales de Seguridad Pública, Departamentos de Policía Civil y de Policía Militar estaduales, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), el Ministerio Público Federal y numerosas Fiscalías Estaduales. También hice lo propio con empresas comerciales (públicas y privadas), como los principales bancos de Brasil en materia de PLAFT, incluyendo el Banco do Brasil, Caixa Económica Federal, Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander y Banco Safra. También trabajamos con las principales aseguradoras de Brasil, como Porto Seguro y Mapfre, y con su agremiación en FENASEG, quien promovió entre las empresas de seguros de la federación el uso de la misma plataforma tecnológica que FENASEG para intercambiar resultados de procesos de inteligencia e investigación basados en análisis gráfico de vínculos (link analysis). La utilización de aplicativos iguales o compatibles entre las diferentes empresas de seguros permitió en ese caso establecer estándares de intercambio de diagramas de análisis e investigación (“charts” de i2 Analyst’s Notebook) entre la federación y sus miembros, lo que aumentó significativamente la eficiencia y la eficacia de los procesos de todos los participantes.

Lavado, Crimen Organizado y Narcotráfico

Además del efecto económico, me interesa subrayar el impacto social, el que viven los ciudadanos todos los días, que es sobre la seguridad. Las personas que son víctimas del narcotráfico, del crimen organizado o de ciberdelitos muchas veces no lo asocian directamente con el lavado de activos, pero lo cierto es que esos delitos se sostienen y se multiplican gracias a esos fondos. Por eso es fundamental cortar el flujo financiero que alimenta esas estructuras.”. Así se expresaba la Cra. Libonatti sobre otros efectos del lavado de activos.

El Ejecutivo aprobó la creación del SILCON (Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico), que muestra para dónde quiere apuntar el gobierno, y ahí el tema de la prevención del lavado tiene mucho que ver. El objetivo es sacar los fondos para que no sigan generando más delitos. El accionar del SILCON debería impactar directamente en la seguridad. Nuestra estrategia es no duplicar esfuerzos, trabajar en conjunto, evaluar por dónde están pasando los riesgos y las situaciones, e implementar medidas para mitigarlo.

Cabría preguntarse por qué SENACLAFT, dedicada a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LAFT) es una de las instituciones integrantes del SILCON, cuyo nombre anuncia su objetivo principal: la lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico (CON). La razón es muy simple: el lavado de activos (LA) es lo que permite funcionar al Crimen Organizado y al Narcotráfico (CON). Como dice la Cra. Libonatti: “esos delitos se sostienen y se multiplican gracias a esos fondos”.

Y esta visión se repite en la mayoría de los países de Occidente. Veamos un ejemplo de España. "Seguir el rastro del dinero" (“follow the money”) es la máxima de los agentes de la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de la Policía Judicial española. Su trabajo es clave para acabar con las organizaciones criminales: "Sin dinero no pueden continuar. Hay que ahogarlas económicamente", explica uno de los jefes de esta brigada.

El incremento del negocio de los narcos en España ha generado que el 80% de sus intervenciones de blanqueo de capitales se produzcan por dinero proveniente del narcotráfico. Sobre todo, centran sus esfuerzos en la Costa del Sol donde colaboran "mano a mano" con sus compañeros de la UDYCO (Unidades de Droga y Crimen Organizado) y del GRECO (Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado, unidades altamente especializadas de investigación del Cuerpo Nacional de Policía dedicadas a la lucha contra las mafias, el crimen organizado y el tráfico de drogas), que son los encargados de investigar el "delito base": el tráfico de drogas (otro ejemplo de la colaboración interinstitucional mandatada por la Recomendación 2 del GAFI).

Aunque parezca fácil señalar a los grandes capos de la delincuencia por su alto nivel de vida que no esconden, llevar las pruebas a los juzgados supone una ardua tarea para estos agentes. "Es complicado vincularles con sus negocios ilícitos porque blanquean esos beneficios montando empresas que generan dinero legal", detalla uno de los agentes.

Es en esa área donde las herramientas de análisis gráfico de vínculos y la integración de numerosas fuentes de datos se revelan especialmente útiles para identificar patrones comportamentales y relaciones ocultas que constituyen pruebas de delitos, aceptadas por los tribunales de justicia de la mayoría de los países de Occidente.

Conclusiones

La lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico tiene en el combate al Lavado de Activos una de sus más eficaces herramientas. Detectar y evitar el blanqueo de activos permite destruir las bases de sustentación del crimen organizado y el narcotráfico.

Para ello es fundamental mejorar y fortalecer los mecanismos de coordinación, articulación y colaboración entre un amplio abanico de organizaciones públicas, cada una de las cuales gestiona en sus operaciones del día a día procesos e informaciones en los cuales pueden prevenirse y detectarse situaciones sospechosas de constituir delitos precedentes y de blanqueo de activos.

Sin embargo, esta coordinación por sí sola sirve esencialmente para mejorar las perspectivas estratégica y organizativa del combate al crimen, siendo necesario además dotar a las organizaciones articuladas con plataformas y herramientas tecnológicas que mejoren la perspectiva operativa. En este segundo aspecto resaltamos dos tipos de recursos tecnológicos: repositorios de almacenamiento de datos en los que las organizaciones compartan el acceso y la actualización de los datos inherentes a su trabajo coordinado y herramientas de análisis de dichos datos, especialmente de análisis gráfico de vínculos que permiten a agentes, analistas e investigadores ejecutar tareas de inteligencia e investigación identificando relaciones y patrones ocultos con poderosas funcionalidades de análisis de redes, georreferenciación, análisis temporal, análisis de patrones comportamentales y análisis de datos estructurados y no estructurados de fuentes abiertas (OSNT – Open Source Intelligence) incluidas las redes sociales y el Market Place de los criminales: la Deep Web y la Dark Web.

De esta forma se da cumplimiento al mandato de la Segunda Recomendación del GAFI:

“Los países deben asegurar que, las autoridades . . . cuenten con mecanismos eficaces establecidos que les permita cooperar y, cuando corresponda, entablar entre sí una coordinación a nivel interno en el desarrollo e implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.”

José C. Nordmann

SME en Transformación Digital

Miembro del Consejo Mundial para un Planeta Más Seguro

Miembro de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

Miembro del Consejo Consultivo Mundial de i2 Group

Chief Compliance Officer (Quanam)

Miembro de AUC (Asociación Uruguaya de Compliance)

Miembro Asociado de WCA (World Compliance Association)

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