Uruguay: diferente pero no inmune al contexto
Hoy se cumple una semana del segundo turno (balotaje) de las elecciones nacionales en Uruguay, y en los pasados siete días he leído, visto y oído numerosos reportajes y comentarios de periodistas extranjeros, sobre todo argentinos, sorprendidos, casi estupefactos por el hecho de que el Presidente Electo haya pronunciado sus primeras palabras a pocos minutos de conocerse su victoria en las elecciones, en un tono de diálogo con el conjunto de la ciudadanía, y de respeto y conciliación con aquellos que no lo votaron. El discurso del candidato derrotado también tuvo ese carácter republicano al felicitar a su contendiente y ofrecer la colaboración al próximo gobierno para “pensar con luces largas”.
El domingo 24/11/2024 el pueblo uruguayo y sus principales líderes políticos dieron una nueva muestra de nuestra singularidad en un contexto regional y mundial de división, mentiras y ataques de todo tipo a los rivales y discursos de odio y fragmentación. Y el próximo gobierno y la próxima oposición tienen la oportunidad histórica de transformar esas intenciones en acciones efectivas mediante la adopción de Políticas de Estado, apoyándose en coincidencias básicas en algunos temas como, por ejemplo, medidas de combate a la pobreza infantil y políticas para impedir el avance del flagelo del narcotráfico.
Este año participé en el XII Congreso CPLDFT Américas (Congreso de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de las Américas, Montevideo, Hotel Hyatt 5 y 6/08/2024) en el cual el Dr. Guillermo García Orué, abogado paraguayo especialista en prevención de lavado de activos presentó estudios de inteligencia que muestran cómo la Hidro-vía Paraná – Paraguay puede utilizarse para el transporte de drogas a Uruguay, transformándonos en país de acopio y tránsito, aumentando la amenaza de surgimiento y conexión de grupos criminales locales con organizaciones del exterior como el PCC (Primer Comando de la Capital) de Brasil, y levantando una hipótesis de un posible corrimiento de algunas actividades ilícitas desde la triple frontera Paraguay/Brasil/Argentina hacia la frontera Santana do Livramento (RS – Brasil) – Rivera (Uruguay), dada la caracterización geográfica de dos ciudades gemelas, con frontera seca, así como la similitud de la existencia de comunidades árabes y comercios fronterizos.
Uruguay es ejemplo democrático – republicano y de estabilidad de sus instituciones sociales y políticas en una región permeada por el odio y dividida en mitades irreconciliables; pero no somos inmunes al contagio de prácticas criminales altamente estructuradas que inevitablemente procurarán infiltrarse en nuestra sociedad y en nuestra política. En este artículo analizaremos en concreto cómo atacar las bases de sustentación del narcotráfico mediante una efectiva Prevención del Lavado de Activos, solamente posible mediante la coordinación de los principales Partidos Políticos del Uruguay acordando la adopción de un marco institucional y jurídico de largo plazo, es decir, planes y acciones “con luces largas” o Políticas de Estado que transciendan la rotación de los Partidos en el Gobierno.
Inteligencia financiera: clave para derrotar el crimen organizado
El narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y la corrupción, a través de procesos cada vez más complejos y difíciles de rastrear, insertan dinero proveniente de actividades ilícitas en el circuito económico formal (lavado de dinero / activos), afectando la estabilidad del sistema financiero y la seguridad de las personas.
La SENACLAFT (Secretaría Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) del Uruguay define el lavado de activos así:
“Es el mecanismo utilizado para ocultar o disimular el origen, ubicación, naturaleza, propiedad o control de activos y/o bienes obtenidos ilegalmente, a través de actividades delictivas tales como, el narcotráfico, financiación del terrorismo, contrabando, tráfico ilegal de armas, trata de personas, prostitución, extorsión, estafa, apropiación indebida, prostitución infantil, actividades delictivas relacionadas con crímenes de genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad, entre otras.”
“El delito de lavado de activos en sus distintas modalidades se encuentra legislado en nuestro derecho en los artículos 30 a 33 de la Ley N° 19.574, en tanto las actividades delictivas precedentes son las enumeradas en el artículo 34.”
El lavado de activos da sustento al crimen organizado; posibilita su surgimiento y favorece su expansión. Reproduzco las palabras del senador y exdiputado radical argentino Maximiliano Abad: “Si entramos a cualquier portal de noticias, o miramos las series y películas que en los últimos años coparon las plataformas de streaming, nos vamos a encontrar con el mismo resultado: las mafias caen cuando los mecanismos a través de los cuales formalizan el dinero son dañados severamente. Realidad y ficción, esta vez, coinciden.”
La inteligencia financiera es una herramienta indispensable para identificar y cortar los flujos de dinero que les dan más poder a las mafias, proporcionando golpes mortales al narcotráfico al dificultarle el lavado y propiciar la recuperación de activos, estrangulando al crimen organizado al privarlo de sus fuentes de financiación.
Existen numerosas razones que explican la importancia de la inteligencia financiera en la prevención y represión del narcotráfico:
Visibilidad de las redes criminales: La inteligencia financiera permite mapear las redes criminales, identificar a sus actores clave y comprender cómo operan. Al analizar los flujos financieros, se puede rastrear el dinero desde su origen ilícito hasta su destino final, lo que facilita la identificación de los responsables y la desarticulación de las organizaciones criminales.
Detección temprana de actividades sospechosas: A través del análisis de grandes volúmenes de datos financieros, se pueden detectar patrones inusuales, vínculos no evidentes entre entidades y transacciones sospechosas que podrían indicar actividades de lavado de dinero y otros delitos. Esto permite a las autoridades actuar de manera proactiva y prevenir que los fondos ilícitos se integren en la economía formal.
Recuperación de activos: La inteligencia financiera es fundamental para identificar y rastrear los activos ilícitos, lo que facilita su confiscación y recuperación. Estos activos pueden ser utilizados para compensar a las víctimas del crimen y para financiar programas de prevención y combate al crimen organizado.
Cooperación internacional: La inteligencia financiera facilita la cooperación entre países, ya que permite compartir información sobre las redes criminales transnacionales y rastrear los flujos financieros a través de las fronteras.
La inteligencia financiera se basa en la recopilación, análisis y difusión de información financiera. Los datos son obtenidos de diversas fuentes, como bancos, casas de cambio, registros públicos y agencias de inteligencia, lo que permite a las autoridades competentes actuar coordinadamente cumpliendo las siguientes etapas:
Recopilación de datos: Se recolectan grandes cantidades de datos financieros de diversas fuentes. Además de acceder a las bases de datos propias y de los demás organismos involucrados del Estado, es posible acceder a listas nacionales e internacionales, blancas, negras, de PEP (Personas Expuestas Políticamente) así como a bases de datos registrales, a la extracción de datos de redes sociales y de la deep web & dark web, verdaderos market places de las redes criminales.
Análisis de datos: Se utilizan herramientas y técnicas analíticas y de “investigación profunda” para identificar patrones ocultos, tendencias no evidentes y relaciones entre los datos (entidades pertinentes). También existen herramientas capaces de rastrear todo tipo de documentos de texto (PDF, Word, HTML, feeds de websites, etc.) para identificar entidades pertinentes, sus vínculos con otras entidades y sus propiedades (ELP por su sigla en inglés: Entities, Links & Properties), extraer dichas entidades y agregarlas a diagramas de análisis gráfico de vínculos (link analysis).
Elaboración de perfiles: Se crean perfiles de los actores clave involucrados en actividades criminales, lo que permite comprender sus modus operandi y sus redes de contactos. Las herramientas descritas en el punto anterior generan pruebas gráficas en la forma de diagramas de vínculos, que son creados por los analistas e investigadores, usados por policías y fiscales y en general aceptados como pruebas por parte de los jueces.
Difusión de la información: La información relevante se comparte con las autoridades competentes para que puedan tomar medidas en consecuencia. Es fundamental que todos los actores potencialmente involucrados en el combate al narcotráfico y al lavado de activos mantengan mecanismos de comunicación e intercambio de información, lo que potenciará las capacidades de prevención, detección y persecución de estos delitos.
La inteligencia financiera es un componente esencial de la lucha contra el narcotráfico. Al proporcionar una visión clara de las finanzas de las organizaciones criminales, permite a las autoridades tomar decisiones más informadas y efectivas para combatir este flagelo. El lavado de dinero por parte del crimen organizado es un problema de una magnitud y complejidad enormes. Obtener una cifra exacta sobre el porcentaje del PIB mundial o latinoamericano que representa el lavado de activos es extremadamente difícil debido a la naturaleza clandestina de este delito. Sin embargo, reproduciré algunas estimaciones de la Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo emitido en julio de 2024 por el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), que nos permiten tener una idea general de la magnitud del problema.
· Contrabando: Según la ALAC (Alianza Latinoamericana Anti-Contrabando), el contrabando genera una ganancia estimada de casi un 2% del PIB de América Latina lo que corresponde a unos U$S 210.000 millones de dólares anuales, afectando industrias como las de siderurgia, metalmecánica y acero, tabaco, licores, medicamentos, cosméticos, plásticos, calzado, textiles y ciberseguridad.
· Delitos ambientales: En julio de 2021, el GAFI (Grupo de Acción Financiera) emitió un nuevo reporte sobre la relación de los delitos medioambientales y el lavado de activos. De acuerdo con dicho reporte, y con base en estimaciones realizadas por otros organismos internacionales citados, sólo en los delitos relacionados con la deforestación se estiman ganancias ilícitas a nivel global que van entre los 51 y los 152 mil millones de dólares de los Estados Unidos de América. En tanto, respecto al delito de minería ilegal, se estima que los flujos ilícitos generados por dicha actividad ascienden entre 12 y 48 mil millones de la misma moneda.
· Tráfico ilícito de migrantes y seres humanos: Se estima que la trata de personas es uno de los delitos más rentables; la OIT (Organización Internacional del Trabajo) estima que el trabajo forzoso en la economía privada genera 236.000 millones de dólares en beneficios ilegales al año.
· Tráfico ilícito de estupefacientes y drogas psicotrópicas: El Informe Mundial sobre las Drogas de 2023 de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen) estableció que el 69% del área de cultivo de coca en 2021 correspondió a Colombia, el 21% a Perú y el 9% al Estado Plurinacional de Bolivia. Además, la producción de cocaína en Sudamérica alcanzó en 2021 la cifra récord de 2.304 toneladas (cocaína pura).
· Delitos fiscales: Las estimaciones más recientes para la región por parte de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) determinaron que las pérdidas asociadas con el incumplimiento del impuesto a la renta y el IVA en América Latina alcanzaron el 6,3% del PIB en 2017, una cifra equivalente a 335.000 millones de dólares.
Del análisis de las tipologías presentadas en el informe de GAFILAT 2024 se identificaron los siguientes delitos determinantes (precedentes): delitos de corrupción y soborno; delitos fiscales; participación en grupos delictivos organizados; tráfico de estupefacientes; trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; transporte ilícito de dinero por frontera; delitos ambientales; contrabando; delitos relacionados con robos y extorsión.
Los productos más utilizados por los delincuentes y organizaciones criminales para lavar activos en la región fueron:
· Efectivo : 14%
· Transferencias bancarias: 14%
· Transferencias nacionales e internacionales: 11%
· Cheques: 10%
· Cuentas bancarias: 7%
· Cuentas de ahorros: 6%
· Cuentas comitentes: 4%
· Activos virtuales: 3%
· Remesas: 3%
· Préstamos: 3%
· Autos de colección y alta gama: 2%
· Compra y venta de divisas: 2%
· Depósitos: 2%
· Otros: 18%
Los sectores más vulnerados para lavar activos fueron los siguientes:
· Bancos: 28%
· Instituciones financieras: 10%
· Notarios (Escribanos): 8%
· Casas de cambio: 4%
· Concesionarias de vehículos: 4%
· Agentes inmobiliarios: 3%
· Cooperativas: 3%
· Otros: 39%
Tendencias, tecnologías y políticas públicas
Las tendencias en el lavado de activos, las tecnologías para combatirlo y las políticas públicas más efectivas son temas en constante evolución, por lo que las autoridades deben evaluarlas constantemente, revisando sus procesos y actualizando las medidas preventivas y correctivas en un continuo ciclo de Deming. A continuación, presento un panorama general.
Últimas tendencias en el lavado de activos
Las organizaciones criminales se adaptan constantemente a las medidas de control, lo que ha dado lugar a nuevas tendencias en el lavado de activos:
Cripto-activos: El auge de las criptomonedas ha brindado a los delincuentes una nueva herramienta para ocultar el origen ilícito de sus fondos. Su naturaleza descentralizada y seudónima dificulta el rastreo de transacciones.
Empresas de fachada: La creación de empresas ficticias o el uso de empresas legítimas para disfrazar actividades ilegales es otra práctica común.
Nuevos métodos de pago: El uso de aplicaciones de pago móvil y otros métodos de pago emergentes ha facilitado el movimiento de fondos de manera más discreta.
Delitos ambientales: El lavado de activos provenientes de delitos ambientales, como la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre, se ha convertido en una preocupación creciente.
Tecnologías para combatir el lavado de activos
La tecnología juega un papel cada vez más importante en la lucha contra el lavado de activos:
Inteligencia artificial (IA): La IA permite analizar grandes volúmenes de datos financieros para identificar patrones sospechosos y detectar transacciones inusuales.
Análisis gráfico de vínculos y redes (link analysis): Estas tecnologías permiten visualizar las conexiones entre personas, empresas y transacciones, lo que facilita la identificación de estructuras criminales.
Extracción de entidades: Conectores con redes sociales, bases de datos y Deep & Dark Web, así como software de identificación y extracción de entidades, sus vínculos y sus propiedades (ELP por su sigla en inglés), permiten automatizar la incorporación de grandes volúmenes de datos pertinentes al análisis e investigación de fraudes y crímenes, integrándose en forma automática con los motores de análisis gráfico de vínculos.
Robótica de procesos: La automatización de tareas repetitivas libera a los analistas para que se concentren en tareas más complejas y estratégicas, integrando workflows y procesos existentes con los nuevos modelos investigativos.
Políticas públicas más efectivas
Para combatir eficazmente el lavado de activos, las políticas públicas deben ser integrales y coordinadas:
Fortalecimiento de la cooperación nacional: Es esencial que todas las instituciones públicas involucradas directa o indirectamente en la prevención, detección y persecución del crimen organizado actúen coordinadamente de acuerdo con una política y planes compartidos y actualizados más allá de los ciclos electorales. Para ello es fundamental que estos organismos compartan un arsenal tecnológico compatible e integrable.
Mejorar la cooperación internacional: La cooperación entre países es esencial para rastrear el dinero a través de las fronteras y desarticular las redes criminales transnacionales.
Mayor transparencia en el sector financiero: Se deben exigir rigurosamente a las instituciones financieras que implementen medidas de debida diligencia del cliente y que reporten las transacciones sospechosas.
Sanciones más severas: Las sanciones penales y administrativas deben ser más severas para disuadir a los delincuentes y recuperar los activos ilícitos.
Educación y capacitación: Es fundamental capacitar a los profesionales del sector financiero, las fuerzas de seguridad y el sector público en general sobre las técnicas de lavado de activos y las medidas para combatirlo.
En resumen, la lucha contra el lavado de activos es un desafío complejo que requiere un enfoque multidisciplinario y el uso de las últimas tecnologías. Al combinar esfuerzos a nivel nacional e internacional, se puede lograr un impacto significativo en la debilitación de las organizaciones criminales y la protección de la economía legal.
Tipologías de lavado de activos en Uruguay
El lavado de activos en Uruguay, al igual que en otros países, presenta una diversidad de esquemas y modalidades, que varían en complejidad y pueden adaptarse rápidamente a las medidas de control implementadas. La Estrategia Nacional para la lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de 2017 incluía en su diagnóstico como principales tipologías de lavado de activos en Uruguay los siguientes cuatro:
· Los relacionados con el tráfico de estupefacientes y sicotrópicos.
· La utilización espuria de estructuras societarias y otros beneficios corporativos
· La integración de capitales internacionales de origen potencialmente criminal en el sector financiero e inmobiliario y, en menor medida, en el sector agropecuario
· A menor escala que el anterior, pero en todo caso con un carácter preocupante, el delito de contrabando.
Sin perjuicio de la consideración del Plan de Acción Detallado de 2017 y sus actualizaciones, a continuación, se describen algunas de las tipologías más comunes identificadas en Uruguay:
Tipologías Tradicionales
Colocación: Introducción del dinero ilícito en el sistema financiero formal. Esto puede incluir:
Depósitos en efectivo en pequeñas cantidades en diferentes instituciones financieras. El reciente aumento aprobado en la LUC del valor legal admitido para depósitos en efectivo dificulta el combate al lavado.
Adquisición de bienes muebles o inmuebles.
Inversión en empresas o negocios.
Estratificación: Separación del dinero ilícito de su origen a través de una serie de transacciones complejas. Esto puede involucrar:
Transferencias entre múltiples cuentas bancarias.
Operaciones cambiarias.
Inversiones en instrumentos financieros.
Integración: Retorno del dinero lavado al circuito económico legal, haciéndolo parecer proveniente de actividades lícitas. Esto puede incluir:
Creación de empresas de fachada.
Utilización de cuentas de terceros.
Inversión en el mercado de valores.
Tipologías Emergentes
Cripto-activos: Utilización de criptomonedas para ocultar la procedencia de fondos ilícitos, debido a su naturaleza descentralizada y pseudónima.
Casinos y juegos de azar: Conversión de dinero en efectivo en fichas de casino para luego eventualmente canjearlas por fichas de menor valor y así dificultar el rastreo.
Empresas de transferencia de fondos: Utilización de estas empresas para enviar pequeñas remesas de dinero a diferentes destinos, dificultando la identificación de grandes sumas.
Comercio electrónico: Creación de tiendas en línea falsas para vender productos y servicios, utilizando como medio de pago criptomonedas o tarjetas de crédito robadas.
Sector inmobiliario: Adquisición de propiedades a través de empresas offshore o testaferros para ocultar la identidad del verdadero propietario.
Factores que Influyen en la Evolución de las Tipologías
Innovación tecnológica: La constante evolución de la tecnología financiera y digital ofrece nuevas oportunidades para los delincuentes.
Globalización: La interconexión de los mercados financieros facilita la movilidad de capitales ilícitos a través de las fronteras.
Adaptación a las medidas de control: Los delincuentes son verdaderos especialistas en tecnología y se adaptan constantemente a las nuevas regulaciones y controles, desarrollando esquemas cada vez más sofisticados.
Marco Legal y Regulatorio en Uruguay
Uruguay cuenta con un sólido marco legal y regulatorio diseñado para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Este marco ha evolucionado en los últimos años, adaptándose a los estándares internacionales y a las nuevas amenazas.
La principal ley que regula esta materia es la Ley N° 19.574, que actualiza y consolida la legislación anterior. Esta ley establece:
Definición de delitos: Se tipifican los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como las actividades delictivas precedentes.
Sujetos obligados: Se identifican los sujetos obligados a cumplir con las medidas de prevención, como bancos, casas de cambio, casinos y escribanos, entre otros.
Medidas de prevención: Se establecen las medidas que deben adoptar los sujetos obligados, como la identificación de clientes, la conservación de registros, la realización de evaluaciones de riesgo y la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS).
Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): Se fortalece la UIAF, otorgándole mayores facultades para recibir, analizar y difundir información sobre operaciones sospechosas.
Cooperación internacional: Se promueve la cooperación con otros países en la lucha contra el lavado de activos.
El marco legal uruguayo, junto con las acciones de los organismos competentes, proporciona una serie de herramientas para combatir el lavado de activos:
Evaluación de riesgos: Los sujetos obligados deben realizar evaluaciones de riesgo para identificar y mitigar las amenazas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Identificación y verificación de clientes: Se requiere obtener y verificar la identidad de los clientes, así como información sobre la naturaleza y propósito de las relaciones comerciales.
Conservación de registros: Los sujetos obligados deben conservar registros detallados de las transacciones y de la información obtenida sobre sus clientes durante un período determinado.
Reportes de operaciones sospechosas: Los sujetos obligados deben informar a la UIAF sobre cualquier operación que les parezca inusual o que pueda estar relacionada con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.
Control interno: Los sujetos obligados deben implementar sistemas de control interno adecuados para prevenir y detectar el lavado de activos.
Capacitación: Se exige la capacitación del personal involucrado en la prevención del lavado de activos.
Cooperación interinstitucional: Existe una estrecha colaboración entre la SENACLAFT, la UIAF y otros organismos estatales para combatir el lavado de activos.
Cooperación internacional: Uruguay participa activamente en los foros internacionales y mantiene acuerdos de cooperación con otros países para combatir el crimen organizado transnacional.
A pesar de los avances logrados, el lavado de activos sigue siendo un desafío para Uruguay. Entre los principales desafíos se encuentran:
Evolución constante de las modalidades de lavado de activos: Los delincuentes se adaptan constantemente a las nuevas regulaciones, lo que exige una actualización continua de las medidas de prevención.
Complejidad de las estructuras utilizadas: Las redes de lavado de activos suelen ser transnacionales y complejas, lo que dificulta su detección.
Recursos limitados: Los recursos disponibles para combatir el lavado de activos pueden ser insuficientes en comparación con la magnitud del problema.
Uruguay cuenta con un marco legal sólido y herramientas efectivas para combatir el lavado de activos. Sin embargo, es fundamental mantener una vigilancia constante y adaptarse a los nuevos desafíos que plantea este delito. La actualización tecnológica, la capacitación de los recursos humanos, la cooperación internacional y la colaboración entre los diferentes actores involucrados son claves para lograr un éxito sostenido en esta lucha.
Desafíos para nuestras autoridades
En los últimos 20 años tuve la oportunidad de asesorar a numerosos organismos públicos y empresas privadas de Brasil con relación a sus procesos de prevención, detección y persecución de fraudes y crímenes de todo tipo, con especial énfasis en el crimen organizado. Trabajé para la ABIN (Agencia Brasileña de Inteligencia), la Policía Federal, numerosas Secretarias Estaduales de Seguridad y Policías Civiles y Militares, para el MPF (Ministerio Público Federal) y numerosas Procuradurías Generales de Justicia estaduales, para la SRF (Secretaria da Receita Federal, órgano que acumula en Brasil las funciones de la DGI y la DNA de Uruguay) y varias Secretarias Estaduales de Hacienda y para diversos organismos del Poder Judicial. También para los principales bancos que operan en Brasil y para numerosas compañías aseguradoras, así como para su cámara empresarial FENASEG (Federación Nacional de Aseguradoras). Fui honrado con la membresía en el Consejo Mundial para un Planeta más Seguro (IBM) y en el Consejo Consultivo Mundial de i2 Group (Harris) y recientemente fui postulado a integrar el Comité Técnico de Certificación de Compliance Officers de la WCA (World Compliance Association).
La experiencia acumulada en esas instituciones y empresas de la hermana República Federativa de Brasil me permiten hoy aportar el modesto “granito de arena” de algunas sugerencias destinadas a las autoridades políticas del Uruguay, tanto las del futuro Gobierno como las de la futura Oposición.
Mi recomendación fundamental consiste en apuntar a la base de sustentación del narcotráfico y del crimen organizado en general, cortando los recursos financieros esenciales para su supervivencia mediante el combate al lavado de activos a través de la inteligencia financiera. Esto, sin embargo, presenta una serie de desafíos significativos que detallo a continuación:
Volumen masivo de datos:
Complejidad: El volumen de transacciones financieras a nivel local, regional y mundial es enorme y cada vez crece más. Analizar y procesar esta cantidad de datos de manera eficiente es un desafío considerable.
Diversidad de formatos: Los datos financieros se presentan en una variedad de formatos y sistemas, lo que dificulta su integración y análisis.
Anonimato y confidencialidad:
Entidades offshore: Los delincuentes utilizan jurisdicciones offshore para ocultar la identidad de los beneficiarios finales de las transacciones.
Cripto-activos: Las criptomonedas ofrecen un alto grado de anonimato, lo que dificulta el rastreo de los fondos.
Empresas fantasmas: La creación de empresas ficticias permite a los delincuentes ocultar la verdadera naturaleza de sus actividades.
Evolución constante de las tácticas criminales:
Innovación: Los delincuentes se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías y regulaciones, lo que obliga a las autoridades a estar constantemente actualizadas.
Complejidad de las redes criminales: Las redes criminales son cada vez más sofisticadas y utilizan múltiples capas de intermediarios y tecnología “de punta” para ocultar sus actividades.
Cooperación internacional:
Diferentes marcos legales: Cada país tiene su propio marco legal y regulatorio, lo que dificulta la cooperación internacional.
Barreras lingüísticas y culturales: Las diferencias culturales y lingüísticas pueden obstaculizar la comunicación y la colaboración entre las autoridades de diferentes países.
Recursos limitados:
Personal: La falta de personal capacitado y especializado es un desafío común en muchos países.
Tecnología: La inversión en tecnología y herramientas de análisis de datos es costosa y requiere de actualizaciones constantes.
Privacidad:
Equilibrio: Es necesario encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger la privacidad de los ciudadanos y la necesidad de combatir el crimen organizado.
Para superar estos desafíos, es necesario:
Invertir en tecnología: Implementar herramientas avanzadas de análisis gráfico de vínculos, de identificación y extracción de entidades, vínculos y propiedades (ELP) y sistemas de inteligencia artificial (AI + ML) para procesar grandes volúmenes de información de manera eficiente.
Estandarización: Estandarizar, integrar y comunicar las herramientas utilizadas por los diversos organismos públicos y, ofrecer a los sujetos obligados privados el incentivo de intercambiar con las autoridades nacionales el mismo formato de diagramas de análisis de vínculos, como ocurre en Brasil entre la FENASEG y las principales compañías de seguros que utilizan el mismo formato de diagramas de análisis de vínculos (ANB).
Fortalecer la cooperación internacional: Establecer mecanismos de cooperación más sólidos entre los países, como acuerdos bilaterales y multilaterales, y compartir información de manera más eficiente.
Capacitar al personal: Invertir en la capacitación de los analistas financieros y los investigadores para que puedan identificar y analizar las últimas tendencias en el lavado de dinero.
Regular el sector financiero: Controlar estrictamente las regulaciones para el sector financiero, especialmente en lo que respecta a la identificación de los beneficiarios finales y la transparencia de las transacciones.
Colaborar con el sector privado: Trabajar en estrecha colaboración con el sector privado para obtener información sobre las actividades sospechosas, eventualmente empleando las mismas o herramientas tecnológicas que puedan comunicarse entre sí.
En conclusión, la inteligencia financiera es una herramienta poderosa en la lucha contra el narcotráfico, pero su aplicación efectiva requiere de una inversión significativa en tecnología, recursos humanos y cooperación nacional e internacional.
Conclusiones
La Ley No. 19.513 de 2017 creó la Comisión de lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo. Para cuando asuma el próximo Presidente Electo, a partir del 01/03/2025 existen planes de crear el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico integrado por la SENACLAFT (Secretaría Nacional para la lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo), la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) del Banco Central del Uruguay, la JUTEP (Junta de Transparencia y Ética Pública), la Auditoría General de la Nación, la DGI (Dirección General Impositiva), la DNA (Dirección Nacional de Aduanas), el BPS (Banco de Previsión Social), el MINTER (Ministerio del Interior), la FGR (Fiscalía General de la Nación) y, futuramente, el MJDDHH (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). Estamos hablando de diez instituciones públicas, a las cuales se sumarán los sujetos obligados que incluirán también alguna institución financiera pública de primer nivel.
También está prevista la implantación del Centro Coordinador Unificado de Seguridad en las Fronteras, con la misión de mejorar la coordinación de información de cargas e información aduanera con énfasis en la hidro-vía de la cuenca del Plata y su estructura logística de transporte de mercaderías, y de una Fuerza Especial de Tareas con equipos de investigación criminal de alta dedicación operativa para identificar con precisión las estructuras del crimen organizado y desarticularlas en el territorio.
2025 puede ser el primer año en que el conjunto de la sociedad uruguaya, representada por la mayoría de sus Partidos Políticos aborden con determinación la confección de políticas de estado y planes estratégicos de combate al narcotráfico y al crimen organizado. Son políticas de estado aquellas que no representan solamente al “Partido de Gobierno” sino a la mayoría del Sistema Político, incluyendo Gobierno y Oposición; que así sean reconocidos por el conjunto de la población, es decir, no como mérito de un Partido Político sino de todos los Partidos Políticos, y que planifiquen para un horizonte de largo alcance, manteniendo, aunque con los debidos ajustes derivados de la evolución de las circunstancias, los principios rectores de estas políticas y planes estratégicos más allá de los períodos de Gobierno.
Uruguay cuenta con Profesionales altamente capacitados en las diez instituciones públicas citadas arriba, pero es imprescindible actualizarlos con las nuevas tecnologías que están en permanente evolución, proporcionándoles capacitación técnica y funcional para anticiparse a los criminales que también utilizan exhaustivamente tecnología “de punta” y permanentemente innovan creando nuevas amenazas, cada vez más sofisticadas.
Evidentemente una Política Nacional de Combate al Narcotráfico y al Crimen Organizado se discutirá con participación de los actores más relevantes de la sociedad uruguaya y contemplará la adaptación de estructuras y procesos existentes y la creación de otros que respondan a las amenazas emergentes. Aporto sucintamente a esa discusión mis recomendaciones.
· Integrar al proceso de planificación la consideración de la casuística de organismos equivalentes en otros países de Latinoamérica.
· Evaluar el conjunto de las herramientas tecnológicas, plataformas y soluciones más avanzadas disponibles, con especial énfasis en las más adoptadas en Latinoamérica y en el mundo.
· Adjudicarle la mayor importancia a la capacitación de los agentes, funcionarios, analistas e investigadores de las diez instituciones citadas arriba que intervendrán en el combate al crimen organizado en sus diferentes dimensiones.
· Preocuparse por estandarizar el arsenal de combate al crimen organizado y por definir formatos de comunicación ágiles y eficaces entre instituciones, a nivel nacional e internacional.
SME en Transformación Digital
Miembro de AUC (Asociación Uruguaya de Compliance)
Miembro Asociado de WCA (World Compliance Association)
Miembro de CUGO (Círculo Uruguayo para la Mejor Gobernanza de las Organizaciones)
Miembro del Consejo Mundial para un Planeta Más Seguro
Miembro de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)
Miembro del Consejo Consultivo Mundial de i2 Group
Briefing
Tras una semana del segundo turno (balotaje) de las elecciones nacionales en Uruguay, he leído numerosos reportajes periodistas extranjeros sorprendidos por que el Presidente Electo haya pronunciado sus primeras palabras a pocos minutos de conocerse su victoria en las elecciones, en un tono de diálogo con el conjunto de la ciudadanía, y de respeto y conciliación con aquellos que no lo votaron. El discurso del candidato derrotado también tuvo ese carácter republicano al felicitar a su contendiente y ofrecer la colaboración al próximo gobierno para “pensar con luces largas”.
Así Uruguay dio una nueva muestra de nuestra singularidad en un contexto regional y mundial de división, mentiras y ataques de todo tipo a los rivales y discursos de odio y fragmentación. Y el próximo gobierno y la próxima oposición tienen la oportunidad histórica de transformar esas intenciones en acciones efectivas mediante la adopción de Políticas de Estado, apoyándose en coincidencias básicas en algunos temas como, por ejemplo, medidas de combate a la pobreza infantil y políticas para impedir el avance del flagelo del narcotráfico.
Basado en mi experiencia profesional de los últimos 20 años, asesorando a las principales instituciones de inteligencia, seguridad, policías, fiscalías y poder judicial de Brasil, realizaré en este artículo un abordaje sobre esta problemática en Uruguay, proponiendo algunas oportunidades de mejoría a considerarse en una Política Nacional de Combate al Crimen Organizado, que ojalá se discuta y apruebe en los primeros meses del próximo año. Les deseo una buena lectura.