Crimen organizado y lavado de activos: dos caras de la misma moneda. Parte 2.

En el primer artículo de esta serie presentamos las formas en que la Prevención del Lavado de Activos (PLA) golpea al Crimen Organizado, al privarlo de los recursos económicos que financian sus prácticas ilegales y permiten a los delincuentes disfrutar del producto de sus delitos (precedentes) en sus vidas privadas. También abordamos aspectos metodológicos sobre las formas de implementar mecanismos de PLA e hicimos algunas recomendaciones de buenas prácticas que se han revelado exitosas, especialmente aquellas orientadas a construir procesos colaborativos interinstitucionales de generación de inteligencia en el combate al lavado de activos y, en definitiva al crimen organizado y al narcotráfico.

En esta entrega analizaremos las principales tipologías del narcotráfico, uno de los principales delitos precedentes del lavado, revisaremos los desafíos y las oportunidades, especialmente las derivadas de la cooperación operativa entre organismos públicos y dejaremos para la siguiente entrega el análisis de indicadores de alertas y métricas y una serie de recomendaciones prácticas aplicables en Uruguay.

Tipologías vinculadas a drogas

Las siguientes tipologías de lavado de activos asociadas al narcotráfico describen la forma en que los ingresos obtenidos por el tráfico de drogas se colocan, estratifican e integran en la economía formal. Para cada tipología describiremos sucintamente su operación, explicando cómo funciona el mecanismo, qué señales o alertas (red flags) pueden generarse, algunos controles y/o datos útiles para su tratamiento y los principales organismos/instituciones que potencialmente tendrían que colaborar en las actividades de prevención y detección además del Ministerio Público, la Policía, la UIAF y SENACLAFT. Por razones de espacio y tiempo seremos breves, pero en algunos casos profundizaremos un poco más, para mostrar mayores posibilidades que en realidad podrían aplicar a todos los casos.

1. Negocios intensivos en efectivo (“cash-intensive”)

• Cómo funciona: se mezcla efectivo ilícito con ventas legítimas, por ejemplo, en bares, minimercados, estaciones de servicio, talleres, deliveries.

• Alertas: picos de depósitos en efectivo sin correlato estacional; márgenes o ticket promedio fuera de la industria; varios comercios en la misma dirección.

• Controles/datos: comparación vs. benchmarks sectoriales, análisis de punto de venta vs. banco, inspecciones DGI, cámaras del comercio, cruce con consumo eléctrico.

Nos detendremos brevemente en este último control, a cuenta de más detalle en otras entregas sobre este y los demás controles.

El “cruce con consumo eléctrico” es un control forense simple y potente para validar si el volumen económico declarado por un negocio “cash-intensive” (que maneja mucho efectivo) es coherente con su actividad física real.

En muchos rubros (minimercados, bares, lavaderos, panaderías, talleres, gimnasios, tiendas de conveniencia, etc.) la energía eléctrica consumida (KW/h) está relacionada con el nivel de actividad: luces, hornos, heladeras, motores, bombas, planchas, extractores, y otros aparatos eléctricos usados en la actividad.
Si el negocio declara ventas altas (y deposita mucho efectivo) pero su consumo eléctrico es bajo/estable, hay señal de inconsistencia (posible mezcla de dinero ilícito). A la inversa, consumos altos con ventas muy bajas sugieren sub declaración o economía sumergida.

Ejemplo breve: Un minimercado declara un incremento de 50% en sus ventas y deposita más efectivo durante seis meses. Sin embargo su consumo de KW/h baja 5% y la cantidad de heladeras se mantiene. Además, el ticket promedio de los POS/TPV (pagos con tarjeta) no cambia. Esta situación muestra una clara inconsistencia fuerte, por lo que se recomienda preparar y enviar a la UIAF un ROS (Reporte de Operación Sospechosa) con indicios y evidencias anexos, como gráficos ventas–KW/h, fotos del local, verificación de horarios y personal.

• Colaboración interinstitucional: acceso a datos de UTE (Usinas y Transmisiones Eléctricas), de la DGI (Dirección General Impositiva) y del Sistema Financiero.

2. Estructuración (“smurfing”) y mulas de dinero

• Cómo funciona: muchos depósitos/giros hechos por terceros reclutados por debajo de los umbrales de alerta del BCU.

• Alertas: múltiples depositantes para una misma cuenta; rutas repetidas; depósitos en agencias bancarias alejadas; cajeros de alto riesgo fronterizo.

• Controles/datos: implantar reglas por frecuencia/ubicación, análisis (de vínculos) de redes de depositantes, vigilancia de cajeros y corresponsales.

• Colaboración interinstitucional: acceso a datos del Sistema Financiero.

3. Trade-Based Money Laundering (TBML): TBML o el lavado de dinero basado en el comercio mundial puede definirse como “ocultar el producto del delito al mover valor a través del uso de transacciones comerciales legítimas”. Las metodologías TBML más comunes incluyen sobrefacturación y subfacturación de bienes; tergiversación de los bienes que se envían; facturación múltiple de mercancías; envíos excesivos o insuficientes o envíos fantasma; el mercado negro de cambio de pesos (BMPE por sus siglas en inglés); y el uso de sistemas informales de transferencia de valor.

• Cómo funciona: las metodologías TBML más comunes incluyen la facturación fraudulenta (sobrefacturación y subfacturación de bienes y facturación múltiple de mercancías), que es la principal modalidad; tergiversación de los bienes que se envían; envíos excesivos o insuficientes o envíos fantasma; el mercado negro de cambio de pesos (BMPE por sus siglas en inglés); el uso de sistemas informales de transferencia de valor; triangulaciones; carruseles; uso de zonas francas y couriers para justificar flujos.

• Alertas: precios/volúmenes atípicos vs. referencia/benchmark del sector; empresas recién creadas con alto comercio; contrapartes de riesgo; rutas “trampolín”.

Detengámonos brevemente en los alertas sobre “rutas trampolín” como uno de tantos ejemplos en los que se puede (y se debe) profundizar.

Las “rutas trampolín” son itinerarios comerciales indirectos (país A → país B → país C) usados para ocultar el origen/destino real de las mercaderías o del dinero, para aprovechar asimetrías regulatorias/arancelarias y para dificultar la trazabilidad. El “trampolín” (país B) suele ser un hub de reexportación, zona franca o jurisdicción con controles débiles, estadísticas poco granulares o facilidades logísticas que permiten maquillar operaciones (cambio de consignatario, re etiquetado, manipulación mínima, nueva factura).

Se usan para disfrazar origen/destino, (por ejemplo, mercancía china que parece provenir de un hub intermedio); inflar/deflactar valores con sobre/subfacturación en el tramo B↔C; mezclar cargas lícitas con ilícitas o cambiar códigos arancelarios; evitar las sanciones y controles que tendría el tramo directo A↔C.

Estos son algunos de los alertas típicos:

o Desvío logístico ilógico: se elige un puerto/país intermedio que alarga tiempo y costo sin explicación comercial.

o Picos de reexportación desde el trampolín de productos que no produce (alto % importado que se “reexporta”).

o Múltiples facturas para el mismo envío (valores discordantes) o cambio de consignatarios en B.

o Inconsistencias en la codificación internacional de productos para el comercio exterior: el código arancelario cambia en B sin transformación sustantiva.

o Empresas nuevas o de escasa actividad en B que facturan montos elevados (sin personal/activos).

o Triangulación repetida: misma dupla A↔C siempre pasa por B, pese a existir ruta directa competitiva.

• Controles/datos: DUA’s/manifiestos (DNA), bases de precios de referencia, matrices país-producto-empresa, inspecciones físicas selectivas. Algunos controles extensivos:

  • Debida diligencia reforzada a tradings y transportadoras (freight forwarders) en hubs; exigir contratos, órdenes de compra, justificación comercial del desvío.

  • Reglas de monitoreo: alerta si la ruta añade más de un cierto porcentaje de costo o tiempo sin agregar verdadero valor logístico; si el SA (Sistema Armonizado) cambia en B; si precio unitario aumenta en más que cierto porcentaje entre tramos.

  • Interdicción condicionada: retener pago/documentos hasta aclarar el origen real y el beneficiario final; elaborar ROS si persiste la inconsistencia.

  • Auditorías a proveedores: verificación de capacidad productiva (¿puede producir lo que dice reexportar?) y de sustancia económica.

Ejemplo ilustrativo:

Una empresa en C importa “electrónica” desde B (zona franca), aunque el productor está en A:

o En A→B el precio declarado es bajo; en B→C sube 60% sin transformación.

o El HS cambia de una subpartida con arancel alto a otra más baja en B.

o La empresa de B no tiene empleados ni almacenes propios.

Hay indicios de que se está usando una ruta trampolín para sobrefacturar (lavado de dinero) y para optimizar aranceles. Se escala el caso y se reporta.

· Colaboración interinstitucional: UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) del BCU; DNA (Dirección Nacional de Aduanas); DGI (Dirección General Impositiva); Sistema Financiero; y Grupo Egmont con la UIF del país trampolín.

4. Profesionales facilitadores y sociedades pantalla

• Cómo funciona: profesionales independientes como abogados/contadores/escribanos que crean estructuras societarias como empresas fantasma y sociedades pantalla, con beneficiarios finales opacos, y elaboran/certifican contratos simulados.

• Alertas: alta rotación de directores/accionistas; beneficiarios finales muy jóvenes o sin trayectoria, experiencia ni capacidad económica; direcciones compartidas por numerosas sociedades.

• Controles/datos: registros de BF/UBO, cruces con DGI y BPS, verificación en terreno, y mediante acceso a fuentes abiertas OSINT.

• Colaboración interinstitucional: acceso a datos de la DGR (Dirección General de Registro), del Registro de la Propiedad Inmueble (ANV – Agencia Nacional de Vivienda), al Registro de Personas Jurídicas (DGI – Dirección General Impositiva), al Registro Nacional de Actos Personales (Inspección General de Registros Notariales de la Suprema Corte de Justicia).

5. Cripto-activos: P2P, mixers, on/off-ramps, OTC no regulados; el trading extrabursátil, o trading OTC por sus siglas en inglés de over-the-counter, se refiere a una operación que no se realiza en una bolsa formal); uso de stablecoins para movilidad veloz; las stablecoins vinculadas a cripto-activos son un tipo de criptomoneda cuyo valor se ancla a una o más criptomonedas en lugar de a activos tradicionales como el dólar o el euro. Su objetivo es mantener un precio estable utilizando la volatilidad de otras criptomonedas como garantía a través de contratos inteligentes. Un ejemplo es DAI, que está respaldado por una cartera de otras criptomonedas en lugar de dinero fiduciario.

• Cómo funciona: conversión rápida a/desde stablecoins, mixers y OTC no regulado; “layering” transfronterizo.

• Alertas: on/off-ramp frecuentes, uso de mixers/servicios sancionados, “peel chains” (división de un gran saldo en muchas transacciones pequeñas y secuenciales), “cash-out“ inmediato; vínculos con direcciones asociadas a delitos o con listas de sanciones.

• Controles/datos: travel rule, forensics blockchain, listas de sanciones, “wallet screening”, análisis de clústeres y hop-analysis.

• Colaboración interinstitucional: colaboración SENACLAFT, UIAF, BCU (SSAF), DNA, DGI, Fiscalía, Policía, Poder Judicial, Sector Privado.

6. Remesas y PSP/Fintech como “pasarelas de pago”

• Cómo funciona: segmentación de montos, tarjetas prepagas, cuentas de pago no bancarias; uso de identidades sintéticas.

• Alertas: múltiples cuentas controladas por un mismo dispositivo/IP; alta velocidad de entrada/salida; uso intensivo de top-ups en efectivo.

• Controles/datos: “rastro digital” del dispositivo (device fingerprinting), límites dinámicos, KYC reforzado, monitoreo de IP/IMEI, listas de “mulas” conocidas.

• Colaboración interinstitucional: colaboración entre la Fiscalía, la Policía, el BCU (Banco Central del Uruguay) y el Sistema Financiero.

7. Contrabando de efectivo (“bulk cash smuggling”)

• Cómo funciona: transporte físico transfronterizo (vehículos, buses, paquetería).

• Alertas: viajeros frecuentes con perfiles de riesgo; rutas conocidas; discrepancias de declaración en frontera.

• Controles/datos: inteligencia de frontera, scanners, perfiles aduaneros, coordinación con unidades caninas.

• Colaboración interinstitucional: colaboración entre la Fiscalía, la Policía, Migraciones (Ministerio del Interior) y la DNA (Dirección Nacional de Aduanas).

8. Casinos, juegos y apuestas

• Cómo funciona: compra de fichas en efectivo, mínima jugada, devolución por transferencia.

• Alertas: compra repetida de fichas y cash-out sin juego real; terceros comprando a nombre de uno.

• Controles/datos: registros de juego, cámaras, KYC del casino, reporte sistemático al supervisor.

• Colaboración interinstitucional: colaboración entre la Fiscalía, la Policía y los Casinos.

9. Bienes de lujo e inmuebles

• Cómo funciona: “estacionamiento” de valor en autos, joyas, arte, propiedades; pagos fraccionados o con terceros.

• Alertas: compras por personas sin ingresos; escrituras con valores sub declarados; pagos en efectivo/cripto sin lógica.

• Controles/datos: registros públicos, valuaciones, DGI/tributación patrimonial, notarios (DNFBP) con ROS de calidad.

• Colaboración interinstitucional: colaboración entre la Fiscalía, la Policía, la DGI (Dirección General Impositiva), la DGR (Dirección General de Registro), el Sistema Financiero y Profesionales Independientes.

10. Bancario/corresponsalía y “compensation schemes”

• Cómo funciona: compensación fuera de libros entre redes (hawala/underground banking) y uso de corresponsales en terceros países.

• Alertas: pagos “back-to-back”, cuentas puente sin actividad comercial real, mensajes SWIFT con conceptos genéricos.

• Controles/datos: análisis de contrapartes, KYC de corresponsales, revisión de mensajes y patrones de tránsito.

• Colaboración interinstitucional: colaboración entre la Fiscalía, la Policía, el BCU y el Sistema Financiero.

Principales desafíos

Entre los retos más comunes para la prevención y detección del lavado de activos suele citarse en primer lugar a la realización de transacciones en efectivo y a la economía informal, ya que ambas dificultan o impiden la trazabilidad imprescindible para identificar y comprobar las formas de operación de las redes delictivas y sus procesos de lavado. También

La regulación y la supervisión asimétrica entre las entidades financieras tradicionales y las emergentes Fintech y operadores de cripto activos, crea brechas o falta de alineación entre quienes están regulados con mucho rigor, aunque realicen funciones económicas similares o asuman riesgos comparables con otros actores menos controlados. Esa asimetría puede deberse al marco legal incompleto, a capacidades desiguales del supervisor o a modelos de negocio nuevos que “caen entre grietas” y permiten licencias menos exigentes o directamente vacíos con ausencia de licencias.

Un ejemplo de reglas distintas para riesgos equivalentes es la comparación entre una Plataforma de Servicios de Pago PSP bancarizada que debe cumplir con normas exigentes de KYC (Know Your Customer), monitoreo transaccional y generación de reportes robustos (ROS), mientras que un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales o VASP (Virtual Asset Service Provider, cambio/OTC) con rol similar en on/off-ramp puede operar con exigencias más laxas o poco claras.

Otro ejemplo es el de quienes prestan un mismo servicio, pero con distinto “paraguas” o regulación, como las actividades de custodia de valores o las transferencias y/o cambio de activos involucrando dinero fiduciario y cripto monedas, que pueden quedar fuera de las definiciones y obligaciones tradicionales de los “servicios financieros”, generando zonas grises.

Hemos oído decir que en Uruguay tenemos normas y regulaciones adecuadas, y que lo que hace falta es cumplirlas. Estamos de acuerdo en lo que se refiere a las actividades tradicionales, pero entendemos que las prácticas emergentes de la economía digital generaron nuevas situaciones para las que el marco normativo no está preparado, por lo que debe complementarse.

Las nuevas prácticas de las Fintech y vinculadas a cripto activos vienen caracterizando por la vía de los hechos una intermediación financiera “de facto” sin la licencia correspondiente del BCU, como ocurre con entidades que ofrecen servicios de billeteras virtuales, embedded finance, banking-as-a-service, y algunos marketplaces P2P que mueven valor pero alegan ser “plataformas de avisos”, por ende, no sujetos a la supervisión del Banco Central.

De hecho, otra dificultad deriva de la propia supervisión fragmentada: pagos bajo BCU, datos bajo URCDP (Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales), ciber bajo AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento) y CERTuy (Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Uruguay), comercio exterior bajo DNA (Dirección Nacional de Aduanas), es decir, abarcado un extenso abanico de instituciones con una coordinación imperfecta, lo que en la práctica acaba generando brechas en la implementación estructurada y coordinada de las disposiciones regulatorias.

Precisamente una de las barreras a superar para mejorar la coordinación y colaboración interinstitucional es la capacidad técnica asimétrica de los diferentes organismos involucrados, que además cuentan con herramientas desparejas, no tienen un Modelo de Datos común que los integre contemplándolos a todos para que “hablen el mismo lenguaje”, y los equipos técnicos y funcionales tienen diferentes grados de conocimiento y madurez. En este sentido enfatizamos la importancia de estandarizar, homogeneizar e integrar las plataformas aplicativas de todos los organismos vinculados al combate al crimen organizado y al lavado de activos mediante la confección de un Modelo de Datos Uruguay que los abarque a todos, sobre el cual se implementen herramientas de análisis de vínculos capaces de generar procesos de investigación e inteligencia compartibles entre sí. Es decir, pasar de compartir datos a también integrar procesos de generación de inteligencia entre todos los actores públicos involucrados, contando con la colaboración, debidamente regulada del sector privado.

Es necesario mejorar las capacidades de análisis de todas las partes interesadas del Sector Público entendido como primer y principal “sujeto obligado” del cumplimiento: el BCU, la UIAF, SENACLAFT, la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, la DGR, la DGI, la DNA y el BPS por citar a los principales. La evidencia nos muestra un descenso sustancial en la cantidad de procesamientos por lavado de activos en un escenario en el que los delitos precedentes aumentan día a día. No se trata de producir más volumen de ROS, sino de tener mayor rigor y mejor foco en el proceso de Debida Diligencia para generar ROS de mejor calidad.

Es necesario orientar y ayudar a los sujetos obligados privados a cumplir mejor sus obligaciones, por ejemplo mediante mejores servicios de Debida Diligencia proporcionados por las asociaciones o los colegios en el caso de los profesionales independientes (abogados, escribanos, contadores) para superar las dificultades de economía de escala de los “pequeños estudios”, enfatizando el abordaje basado en la evaluación de riesgos, aplicando el Principio de Pareto, y haciendo ver que todas las partes interesadas debemos “hacer nuestra parte” como contribución a la construcción del Uruguay que deseamos para nosotros y para las próximas generaciones.

Un capítulo aparte merece el análisis de la cooperación internacional, imprescindible ante delitos precedentes y al propio lavado de activos de naturaleza transfronteriza. En esta área existen lagunas jurídicas sobre, por ejemplo, cómo distribuir los activos incautados y/o decomisados entre los países involucrados en una acción de recuperación de activos trasnacional. Que yo sepa, no existen normas claras definidas por GAFI ni por el Grupo Egmont, aunque sí existen definiciones a nivel de la ONU, pero en cualquier caso, es relativa la coercibilidad del cumplimiento de eventuales acuerdos.

Uruguay es un país pequeño, pero por ello mismo apostamos a los acuerdos internacionales y al respeto del derecho internacional, por lo que, pese a nuestro peso relativamente menor, nuestras autoridades deberían impulsar estos acuerdos internacionales en todos los organismos pertinentes. Y debemos recordar que la reciprocidad tiende a caracterizar el escenario internacional, por lo que, si Uruguay no adopta medidas de repatriación de activos decomisados, por iniciativa propia o en respuesta a requerimientos de otros países, es de esperar que no exista disposición de colaboración de los organismos públicos de dichos países.

Finalmente citamos a la corrupción y algunas de sus formas más “leves” como el tráfico de influencia, el clientelismo político y el nepotismo que no son un desafíos menores, dada su capacidad para evitar o neutralizar los controles y evadir las obligaciones, creando campo fértil para la competencia desleal y desestimulando a los buenos ciudadanos que ven que a veces cumplir no otorga ventajas sino todo lo contrario.

Algunas oportunidades

En general, cuando se habla de colaboración interinstitucional (dentro del país), la mayoría de las personas tienden a pensar en intercambio de datos e integración de infraestructuras y/o plataformas de tratamiento de la información, y eso no está mal, puesto que ambas cosas son necesarias, pero no suficientes: además es necesario considerar otros aspectos, como:

• Gestión del cambio cultural y organizacional: considerar aspectos “humanos” de resistencia al cambio de paradigmas y abandono de concepciones profundamente arraigadas de una visión limitada al propósito fundamental de cada organismo, o peor aún de la unidad a la que se pertenece dentro de un organismo, mediante técnicas de gestión del cambio organizacional (change management) que hagan ver las ventajas de compartir datos, procesos, conocimientos e inteligencia (con las debidas restricciones y seguridad) con una visión más amplia que la de la “propia chaca”.

• Voluntad política: convencer a los gestores y administradores del más alto nivel de los organismos públicos sobre una visión de “políticas de estado”, ya que sin su apoyo es imposible procesar todas las demás medidas necesarias para lograr una colaboración interinstitucional verdaderamente eficaz y sostenible.

• Integración de procesos de generación de inteligencia: se trata, en primer lugar, de realizar un proceso colaborativo e integrado de análisis, diseño y construcción de un Modelo de Datos que comprenda todas las Entidades, Vínculos entre esas entidades y Propiedades o atributos (de las entidades y de los vínculos), en lo que se conoce como Modelo ELP (Entity, Link, Property en inglés – EVP Entidad, Vínculo, Propiedad en español) como paso inicial imprescindible para construir una visión sistémica con alcance nacional (e internacional) del combate al Crimen Organizado, al Narcotráfico y al Lavado de Activos. Ese primer paso es la base de la construcción de procesos colaborativos eficaces de compartición de inteligencia entre instituciones, que debe implementarse a partir del Modelo de Datos común con Procesos de Investigación Profunda e Inteligencia capaces de ser intercambiados entre equipos humanos de analistas, agentes e investigadores dentro de una misma organización o entre organizaciones. Eso requiere la adopción de herramientas en común entre las organizaciones involucradas, es decir, comprende aplicaciones o funcionalidades además de contenidos (datos, información) e infraestructura de integración.

Nuestras recomendaciones para todos los organismos integrantes del SILCON (Sistema Integral para la Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico) y de la CCLAFT (Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) incluyen la construcción de un Modelo de Datos de Uruguay contemplando una visión ELP que cubra a todos los organismos que componen estas dos coordinaciones, y la utilización de las mismas herramientas (o similares, siempre que sean compatibles) en todos dichos organismos, para que se pueda implementar el mismo Modelo de Datos en todas y para que sus agentes, analistas e investigadores puedan compartir Diagramas de Investigación e Inteligencia, además de datos, por supuesto que con los debidos límites de derechos de acceso/uso, seguridad y protección de datos sensibles (incluidos los datos personales).

Lo anterior es una base para generar oportunidades de sinergia operativa en torno a la seguridad pública, cubriendo aspectos como:

• Complementariedad: entre casos financieros paralelos a las investigaciones sobre tráfico de drogas; mientras la fiscalía persigue y la policía incauta cargamentos de drogas, armas, vehículos y dinero en efectivo, las unidades de análisis financiero persiguen cuentas, sociedades y otros bienes.

• Vigilancia: entregas vigiladas y operaciones encubiertas financieras con control de cuentas, transacciones señuelo.

• Capacitación: de fiscales, jueces y otros funcionarios pertinentes en decomiso con sus variantes legales entre jurisdicciones y asistencia internacional en general.

• Integración de fuentes: aduanas (DNA), fisco/tributación (DGI), migraciones (Ministerio del Interior), registros públicos (DGR), telecomunicaciones (ANTEL y operadores privados), sistema financiero (BROU y entidades privadas) y fuentes abiertas OSINT (Open Source Intelligence) incluyendo Surface Web, Deep Web, Dark Web, Redes Sociales, que merecen artículo completo dedicado al análisis de sus posibilidades.

José C. Nordmann

SME en Transformación Digital

Miembro del Consejo Mundial para un Planeta Más Seguro

Miembro del Consejo Consultivo Mundial de i2 Group

Miembro de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

Chief Compliance Officer (Quanam)

Miembro de AUC (Asociación Uruguaya de Compliance)

Miembro Asociado de WCA (World Compliance Association)

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